La iniciativa estaba en confección desde hacía tiempo, pero su presentación se aceleró luego de que la semana pasada se produjeran fuertes disturbios en la movilización al Congreso que convocaron jubilados y a la que luego se sumaron hinchas y que fue calificada por el Gobierno como la «marcha de los barras».
«Se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas, como aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes», al igual que a los dirigentes que permiten esas prácticas, argumentó la iniciativa Patricia Bullrich en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Bullrich prometió que a través del proyecto de ley Antibarras «los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios» de fútbol. «Prohibir la entrada a la cancha implica desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras», indicó.
De acuerdo a la funcionaria, actualmente hay «15 mil personas impedidas de ingresar a las canchas argentinas», pero planteó la necesidad de avanzar sobre «los negociados que rodean a la actividad de las barras», como por ejemplo «castigando a los dirigentes que facilitan entradas y micros o el ingreso de elementos contundentes o armas a las canchas», algo que contempla este proyecto.
«Ya bajamos de manera sustancial la violencia pero esta ley va a seguir bajando la violencia en el fútbol. Es exitoso el programa Tribunas Seguras pero le faltaba ir a fondo para que las barras no vayan a los estadios y desarticularlas como organizaciones criminales», remarcó Bullrich.
Además, se despegó de la situación de la prohibición que rige desde hace doce años para los hinchas visitantes puedan aisit a los estadios: «Lo de los visitantes es responsabilidad de cada distrito, no es una cuestión federal, es de las ciudades y las provincias», consideró.
El proyecto, redactado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad, busca tipificar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y, por ende, ser tratadas como organizaciones criminales. Se pretende así llenar los vacíos legales que hasta ahora permitían a las barras bravas actuar prácticamente con impunidad.
El proyecto hace foco también en los dirigentes de los clubes de fútbol y prevé sanciones de cárcel para ellos, en caso de que se demuestre una relación de connivencia o apoyo logístico a los barras.