Un fiscal federal investiga un intento de hackeo al dispositivo móvil oficial del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por medio de una maniobra que habría sido ejecutada mediante un llamado engañoso a un empleado del máximo tribunal.
El intendo de ataque virtual ocurrió el lunes pasado en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte, el área que mantiene contacto con las empresas telefónicas contratadas por el Poder Judicial.
Allí, el oficial Sebastián Matías Bustamante recibió en su línea personal una comunicación de un número privado. El interlocutor se presentó como representante de Movistar e intentó obtener el código PIN de una línea presuntamente reportada como robada.
El empleado, al no detectar ninguna anomalía en el sistema interno y notar inconsistencias en la llamada, interrumpió la comunicación y minutos después reportó lo sucedido a la Dirección de Seguridad del tribunal. El caso fue derivado a la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, con intervención del fiscal Santiago Vismara.
Al revisar el número en cuestión, se comprobó que correspondía a la línea asignada a Rosatti. Por prevención, el magistrado ya cuenta con un nuevo número.
El hecho se enmarca en una serie de antecedentes que involucran intentos previos de duplicación de líneas telefónicas de jueces. Hace dos años, Rosatti había denunciado la existencia de cinco líneas a su nombre. Esa causa derivó en la identificación de una red de espionaje que afectó a otros magistrados como Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, y la jueza Verónica Skanatta, así como a funcionarios como Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro.
Tras la investigación, fueron procesados el hacker Ezequiel Núñez Piñeyro, y el misionero Santiago Machado, entre otros. Además fue señalado el exagente policial Ariel Zanchetta, quien habría solicitado más de 2.100 informes personales de magistrados y dirigentes, y cuyo accionar llegó hasta el camporista Fabián “Conu” Rodríguez, por entonces funcionario de la AFIP.
La Justicia investiga si el nuevo intento forma parte de una estructura organizada de espionaje sobre funcionarios judiciales con intervención en causas de alto perfil político.