El Gobierno de Javier Milei dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial.
La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno.
Adorni señaló esta tarde que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”, en referencia al cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno.
En conferencia de prensa, Adorni detalló que la medida saldrá publicada en el Boletín Oficial de mañana.
Las tareas de estos organismos serán absorbidas por Secretaría de Transporte de la Nación.
Adorni confirmó que el gobierno no solicitará una prórroga de las facultades delegadas que vence el miércoles 9 de julio y posibilitó que se tomen estas medidas.
El portavoz indicó que mediante esta facultad el presidente dictó 65 decretos desregulatorios que le permiten al Estado un ahorro de U$S 2.000 millones al año.
Adorni detalló que las funciones de control de la ANSV pasará a Gendarmería nacional que según precisó inspecciona cerca de 2,5 millones de vehículos al año en 80.000 puntos de control. Y agregó que las tareas de la CNRT pasan a manos de la nueva agencia.
Entre las funciones de este nuevo organismo se mencionan: fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, en lo que respecta a las obligaciones contractuales, técnicas y operativas, pudiendo realizar inspecciones in situ y solicitar a los operadores y concesionarios la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones. También podrá fiscalizar los contratos de concesión vial, controlando su ejecución, en coordinación con el organismo competente en materia de procesos licitatorios, con el fin de asegurar la separación de funciones entre la fiscalización de los contratos y la administración de procesos licitatorios.
Podrá fiscalizar y controlar además, los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional, y sus permisos de explotación, asegurando condiciones técnicas y de prestación adecuadas, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de las personas transportadas.