Diputados reactivará mañana, tras un prolongado periodo de tensiones, la comisión investigadora del caso $Libra, marcando un avance significativo en su operación. Esta reunión permitirá la designación de autoridades y, gracias a una reciente resolución de la oposición, se prevé que este grupo asuma la presidencia, normalizando así el funcionamiento del organismo e intensificando las presiones sobre el oficialismo.
De acuerdo con lo estipulado, la diputada massista Sabrina Selva, representante de Unión por la Patria, es la clara candidata para presidir la comisión en la reunión programada para este martes a las 14 horas. La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, ha subrayado la importancia de que una comisión que indaga sobre presuntos ilícitos vinculados al Gobierno esté dirigida por la oposición. En este sentido, Selva ha sido reiteradamente propuesta para liderar la comisión, y no se prevén cambios significativos en esta postulación.
El encuentro deberá además establecer un calendario de trabajo que se extenderá hasta el 10 de noviembre, fecha límite determinada por la resolución aprobada recientemente. A pesar de los intentos previos por poner en marcha la comisión, la parálisis fue evidente durante meses, en gran parte debido a las tensiones entre los bloques de oposición y oficialismo, quienes quedaron divididos en 14 miembros cada uno. La falta de consenso se hizo palpable durante episodios en que la oposición presentó a Selva, mientras que el oficialismo apoyó a Gabriel Bornoroni, presidente del bloque La Libertad Avanza, quien había votado en contra de la creación de la propia comisión.
Los escasos avances logrados anteriormente llevaron a la invitación de especialistas como Alejandro Bercovich, Irina Hauser, Maximiliano Flirtman, Santiago Siri, y Martín Romeo, pero estos encuentros no pudieron cristalizarse en una actividad efectiva que cumpliese con el objetivo inicial de investigar y elaborar informes sobre los hechos relacionados con el caso.
La oposición ha sostenido que la inacción de la comisión se atribuye a la obstrucción sistemática del oficialismo. Por su parte, este último argumenta que la comisión se volvió obsoleta al haber expirado el plazo de tres meses para presentar los resultados de la investigación.
El caso “Libra” representa un desafío crítico para el actual Gobierno, ya que expone posibles responsabilidades políticas derivadas de la gestión de Javier Milei y su entorno más cercano. Las acusaciones apuntan a un mal desempeño y a maniobras fraudulentas que presuntamente favorecieron intereses privados mediante el uso indebido de la investidura presidencial. Las pesquisas abarcan una gama de delitos que incluyen negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, fraude a la administración pública, y violaciones a la Ley de Ética Pública.
Este entramado de irregularidades surgió a partir del tuit promocional del presidente Milei sobre el proyecto Libra, el cual llevó a pérdidas significativas para aproximadamente 75.000 inversores de diversos tamaños. Además, la investigación penal también involucra a actores internacionales, como el empresario estadounidense Hayden Davis y el singapurense Julian Peh, lo que añade una dimensión global al escándalo.
En definitiva, la reinstauración de la comisión investigadora del caso $Libra representa no solo un mecanismo de control político, sino que también proyecta luces sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en un contexto donde las acciones del Gobierno quedan bajo el escrutinio público y legislativo.
Diputados reactivará mañana, tras un prolongado periodo de tensiones, la comisión investigadora del caso $Libra, marcando un avance significativo en su operación. Esta reunión permitirá la designación de autoridades y, gracias a una reciente resolución de la oposición, se prevé que este grupo asuma la presidencia, normalizando así el funcionamiento del organismo e intensificando las presiones sobre el oficialismo.
De acuerdo con lo estipulado, la diputada massista Sabrina Selva, representante de Unión por la Patria, es la clara candidata para presidir la comisión en la reunión programada para este martes a las 14 horas. La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, ha subrayado la importancia de que una comisión que indaga sobre presuntos ilícitos vinculados al Gobierno esté dirigida por la oposición. En este sentido, Selva ha sido reiteradamente propuesta para liderar la comisión, y no se prevén cambios significativos en esta postulación.
El encuentro deberá además establecer un calendario de trabajo que se extenderá hasta el 10 de noviembre, fecha límite determinada por la resolución aprobada recientemente. A pesar de los intentos previos por poner en marcha la comisión, la parálisis fue evidente durante meses, en gran parte debido a las tensiones entre los bloques de oposición y oficialismo, quienes quedaron divididos en 14 miembros cada uno. La falta de consenso se hizo palpable durante episodios en que la oposición presentó a Selva, mientras que el oficialismo apoyó a Gabriel Bornoroni, presidente del bloque La Libertad Avanza, quien había votado en contra de la creación de la propia comisión.
Los escasos avances logrados anteriormente llevaron a la invitación de especialistas como Alejandro Bercovich, Irina Hauser, Maximiliano Flirtman, Santiago Siri, y Martín Romeo, pero estos encuentros no pudieron cristalizarse en una actividad efectiva que cumpliese con el objetivo inicial de investigar y elaborar informes sobre los hechos relacionados con el caso.
La oposición ha sostenido que la inacción de la comisión se atribuye a la obstrucción sistemática del oficialismo. Por su parte, este último argumenta que la comisión se volvió obsoleta al haber expirado el plazo de tres meses para presentar los resultados de la investigación.
El caso “Libra” representa un desafío crítico para el actual Gobierno, ya que expone posibles responsabilidades políticas derivadas de la gestión de Javier Milei y su entorno más cercano. Las acusaciones apuntan a un mal desempeño y a maniobras fraudulentas que presuntamente favorecieron intereses privados mediante el uso indebido de la investidura presidencial. Las pesquisas abarcan una gama de delitos que incluyen negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, fraude a la administración pública, y violaciones a la Ley de Ética Pública.
Este entramado de irregularidades surgió a partir del tuit promocional del presidente Milei sobre el proyecto Libra, el cual llevó a pérdidas significativas para aproximadamente 75.000 inversores de diversos tamaños. Además, la investigación penal también involucra a actores internacionales, como el empresario estadounidense Hayden Davis y el singapurense Julian Peh, lo que añade una dimensión global al escándalo.
La reinstauración de la comisión investigadora del caso $Libra representa no solo un mecanismo de control político, sino que también proyecta luces sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en un contexto donde las acciones del Gobierno quedan bajo el escrutinio público y legislativo.