La reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario ha provocado una ola de rechazo entre la oposición política, gremios universitarios y federaciones estudiantiles en Argentina. Este veto, que pone en riesgo el financiamiento de las universidades públicas, ha llevado a la convocatoria de una masiva Marcha Federal, cuyo objetivo es revertir esta medida que muchos consideran un ataque directo al futuro educativo del país.
La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la organización estudiantil más destacada del país, fue la primera en alzar la voz, afirmando con contundencia que “si hay veto, hay marcha”. A través de su cuenta de X, hicieron un llamado a estudiantes, profesores, investigadores y la comunidad en general para que se unan a la marcha hacia el Congreso Nacional en el día en que se trate el veto en la Cámara de Diputados. «Contamos con tu presencia. No veten nuestro futuro», concluyeron, reflejando el sentimiento de miles de jóvenes que ven amenazada su educación.
Por otro lado, la Conadu Histórica ha implementado un plan de lucha que incluye una jornada de visibilización, un paro nacional docente y no docente, además de la anunciada marcha el día de la discusión sobre el veto. En un mensaje directo, también reiteraron su oposición al veto presidencial, subrayando la unidad del sector educativo en la defensa de sus derechos.
El senador nacional Mariano Recalde, parte de Unión por la Patria, también se comprometió a rechazar el veto. «Lo que está claro es que no escuchó el mensaje del domingo en las urnas. Habrá que repetírselo con más fuerza en octubre», comentó, haciendo alusión a las elecciones recientes y sugiriendo que el presidente debe reconsiderar su postura ante la creciente oposición.
En una línea similar, Martín Lousteau, senador de la UCR, expresó su descontento al afirmar que “plata hay, pero ya sabemos que se va para lo de Karina”, en referencia a otras prioridades del gobierno que considera menos urgentes que el financiamiento educativo. En sus redes sociales, hizo un llamado a los legisladores para que tomen medidas firmes contra este veto.
La diputada Julia Strada, también de Unión por la Patria, arremetió contra el presidente por lo que calificó de abuso de poder. «Milei abusa de sus atribuciones», advirtió, resaltando que con este veto se prorroga el estado de precariedad en áreas críticas como educación, salud y derechos sociales.
Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, fue igualmente enfático: «Con su decisión, el presidente decide darle la espalda a las universidades públicas». Resaltó que el veto no solo ignora la voluntad popular, sino que también perjudica el desarrollo futuro de millones de estudiantes y docentes.
El diputado del Frente de Izquierda, Christian «Chipi» Castillo, instó a la movilización masiva. «A prepararlo desde ahora con asambleas, tomas y paros», dijo, reflejando una estrategia de protesta coordinada para ejercer presión sobre el Gobierno.
Florencio Randazzo, diputado nacional de Encuentro Federal, sumó su voz a la causa, manifestando su determinación de revertir el veto. “Bueno, que quede claro: hay veto, hay marcha, hay insistencia. Nosotros vamos a dar vuelta este veto”, aseguró, mientras que Pablo Juliano, jefe del bloque de Democracia para Siempre, remarcó que el presidente fue elegido para gobernar para todos, y que su ideología no puede interferir en la educación de los argentinos.
El debate se ha intensificado, con múltiples voces alertando sobre las consecuencias que el veto tendrá en la educación pública. Marcela Coli, compañera de bancada de Juliano, afirmó que «el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario es un ataque a la educación pública». La implicación de este veto resuena fuertemente, pues toca temas fundamentales como la movilidad social y el desarrollo del país.
Desde Argentina Humana, el espacio liderado por Juan Grabois, advirtieron que no han escuchado «el mensaje del domingo», prometiendo llenar las calles en respuesta a lo que consideran una ofensiva contra la educación pública.
Finalmente, Gabriela Brouwer de Koning, diputada de la UCR, calificó esta acción como “otro grave error del Gobierno Nacional”, reafirmando que afecta a los sectores más desfavorecidos, especialmente a los jóvenes del interior del país. «Defenderemos la educación pública en las calles y dentro del Congreso», concluyó, evidenciando el compromiso colectivo ante esta adversidad.
La Marcha Federal Universitaria se perfila como un punto de inflexión en la defensa de la educación pública en Argentina, representando la unión de estudiantes, docentes y políticos en la lucha por un futuro educativo justo y accesible para todos.