Sin el bono de junio, cerca de 5 millones de jubilados no llegaban a reunir los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica total, esto significa, el monto que una persona necesita para no ser considerada pobre.
Con los festejos por la aprobación definitiva de la Ley Bases, el presidente Javier Milei puso en duda este viernes el próximo pago del bono con el que el gobierno viene compensando de manera mensual el bajo monto de las jubilaciones mínimas. La posibilidad de quitar el bono sujeto a los resultados fiscales agudiza lo que en los hechos vienen sufriendo los y las jubiladas, que son los principales perjudicados por la política de ajuste liberal, al explicar un 31,5 por ciento del recorte del gasto que celebra el gobierno nacional. Primero los números, después la gente.
“El bono es discrecional. Solo habrá bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales”, indicó el Presidente durante una entrevista televisiva en su primera aparición pública tras la votación. “No vamos a mentirle a la gente dándole cosas que no hay. Eso terminaba siendo emisión monetaria”, añadió.
El otorgamiento de los bonos que complementan el ingreso de la jubilación mínima comenzó en 2021 y continuó de manera ininterrumpida incluso después del cambio de gestión, con el objetivo de compensar los resultados de la errática fórmula previsional. En junio, la jubilación mínima sin bono fue de 206.931 pesos. Aunque reducido, sin los 70.000 pesos complementarios, alrededor de 5 millones de jubilados y jubiladas que cobran la mínima no hubieran llegado a reunir los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica total, es decir el monto que una persona necesita para no ser considerada pobre.
Vocación fiscal
«Néstor Kirchner estaría orgulloso del gobierno de Javier Milei», apuntó sin miramientos el vocero presidencial en una de sus últimas conferencias de prensa. La vocación fiscal de Kirchner, sin embargo, estaba permanentemente fiscalizada por la situación social, para que los números cierren «con la gente adentro».
No es el espíritu del plan presidencial, que festeja mes a mes los números de superávit fiscal y financiero, sin atenerse a las consecuencias sociales. Es que más de la mitad del ajuste del gasto celebrado por el gobierno se explica por la licuación de las jubilaciones y el freno a la obra pública. Según el último informe fiscal que publicó en mayo el Centro de Economía Política (CEPA), el recorte en las jubilaciones aportó un 31,5 por ciento del ajuste total del gasto de estos cinco meses. El segundo lugar en relevancia lo ocupa la obra pública con 23,2 por ciento. Le siguen los subsidios, que aportaron 12,8 por ciento; luego gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con 10,7 por ciento y prestaciones sociales con 9,4 por ciento entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros.
La contracara de esos porcentajes que analizan los ingresos y gastos del Sector Púbico Nacional, son los bolsillos de las y los jubilados. De acuerdo al economista Nadin Argañaraz hasta abril, los jubilados que cobran la mínima tuvieron una pérdida del 24 por ciento en sus haberes, y el resto del 37 por ciento. Solo en cuatro meses, el guarismo fue similar a la pérdida que sufrieron las jubilaciones mínimas durante los cuatro años de Mauricio Macri, de aproximadamente 20 por ciento. Durante la gestión de Alberto Fernández las jubilaciones mínimas cayeron, en promedio, un 2 por ciento real, aunque los haberes superiores tuvieron una mayor caida, de entre 25 y hasta 35 por ciento en el caso de las jubilaciones más altas.
En los últimos dos meses, las jubilaciones mínimas reales se recuperaron de esta brutal caída. En junio de 2024, último mes con datos disponibles, la caída se redujo a 9 por ciento en relación a diciembre del 2023. Igualmente, las jubilaciones mínimas con bonos siguen un 26 por ciento abajo de las de 2017 y el resto de haberes un 43 por ciento abajo de 2017, el año en el que comenzó la decadencia de los haberes.
Mensaje al Senado
El mensaje de Javier Milei no puede ser descontextualizado de la tensión que le generó el tratamiento que el Senado tiene pendiente del proyecto de ley que propone una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. La Cámara de Diputados la aprobó a principios de junio, motivo por el que el presidente los llamó «degenerados fiscales», a pesar de que según el diputado Carlos Heller, la actualización de los ingresos previsionales generaría un costo fiscal de alrededor del 0,4 por ciento del PIB.
La fórmula que propone la nueva ley es similar a la que rige actualmente a partir del DNU que el gobierno publicó en marzo del 2024, dado que las prestaciones se actualizarían de forma mensual a partir del último dato publicado de inflación, con un un pago extra compensatorio de 8,1 por ciento a aplicarse desde el mes de abril, para alcanzar el 20,6 por ciento de la inflación de enero – el gobierno había dado sólo un 12,5 por ciento aplicando su índice-. También propone un aumento anual en marzo de cada año del 50 por ciento de la variación anual de los salarios (RIPTE) por sobre la variación del IPC, siempre y cuando esta diferencia haya sido positiva. Pero la verdadera novedad es que el proyecto establece un piso para los haberes mínimos equivalente a 1,09 veces el valor de la canasta básica total por adulto equivalente.
“Les dejo este tweet para que le quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”, anticipó Milei pocas horas después de la media sanción en diputados.