El juez Walter Lara Correa le ordenó al Ministerio de Capital Humano que «no innove respecto de los planes y programas» referidos a la distribución de alimentos, que » deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna».
En el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez Walter Lara Correa, del Contencioso Administrativo, hizo lugar a una solicitud contra el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en la causa por alimentos, pero le ordenó no discontinuar su metodología.
Estableciendo como «representante adecuado» de fiscalización al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el magistrado le ordenó garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los comederos y merenderos comunitarios. Además, consideró que la cartera del Gobierno «no innove respecto de los planes y programas» referidos a la distribución de alimentos, que » deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna».
A pesar de su fallo, la Justicia interpreta que no obstaculiza «las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes. Tampoco, la potestad de creación de nuevos programas complementarios siempre que el colectivo identificado y, a quien se encentra dirigida el programa satisfaga de manera efectiva su derecho».
Finalizando, el magistrado explicita que no imposibilitará ningún tipo de auditoría a «comedores y/o merenderos», pero solicita al Ministerio de Capital Humano la presentación de «un informe mensual acerca del desarrollo de las políticas públicas vinculadas con los comedores y/o merenderos, que tiene por finalidad la satisfacción del colectivo que allí asisten y la cantidad de población beneficiada».