El diputado nacional por La Libertad Avanza, único de Entre Ríos por esa fuerza, visitó a genocidas condenados en la cárcel en Ezeiza y exigen retirarlo de su banca.
Se suman más repudios el accionar de legisladores «mileistas» luego de la visita al penal de Ezeiza. Desde el Colectivo Mario Bosch de Abogadas/os en causas de lesa humanidad solicitaron este jueves la remoción por inhabilidad moral a los seis diputados nacionales de La Libertad Avanza que visitaron institucionalmente a genocidas condenados. Además, solicitaron información pública al ministerio de Patricia Bullrich.
Entre los denunciados se encuentra el diputado de La Libertad Avanza por Entre Ríos, Beltrán Benedit.
La presentación pide que se inicie un proceso de remoción para Beltrán Benedit y para Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Alida Ferreyra a partir del artículo 66 de la Constitución Nacional que establece que con dos tercios de votos es posible remover a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación.
El abogado de derechos humanos Pablo Llonto manifestó: «Nadie los votó para ir a abrazarse con genocidas. Por eso es una vergüenza que no estén pidiendo disculpas”. “Nuestra democracia no puede ni debe tolerar que un grupo de diputados elogie a asesinos, torturadores y golpistas con total descaro”, añadió.
Además destacó que “las sanciones no sólo deben tomarse en la propia Cámara, todo el arco político debe inmediatamente repudiarlos. Y al diputado Benedit que ha escrito en las redes sociales una catarata de mentiras, en su partido deberían enseñarle que hay más de 300 condenas en todo el país, a lo largo de 40 años, que han señalado que aquí no hubo una guerra sino un plan de exterminio llevado adelante por los Astiz y los Guglielminetti que él tanto ama».
Desde el Colectivo Mario Bosch se solicitó además al Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, un pedido de acceso a la información pública para verificar en qué horario se hizo la visita y quiénes más además de los diputados acudieron a la Unidad Penitenciaria donde se encuentran cumpliendo condena los genocidas.
Este colectivo de abogados con más de una década de existencia es parte activa en el impulso de procesos judiciales que se llevan adelante en todo el país sobre delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico – militar. Desde ahí argumentan que esta visita “debe leerse como parte del discurso y política negacionista del actual gobierno nacional con el objetivo de frenar la verdad, memoria y justicia en nuestro país”.
Ocurre que los ex militares visitados por los legisladores fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y por tal motivo la justicia les rechazó cada solicitud de domiciliaria, aunque superen los 70 años de edad. Desde la asunción de Javier Milei, se sucedieron distintos gestos oficiales contradictorios con los consensos logrados en 1984 a partir del Nunca Más, del que en septiembre se cumplen 40 años.
La última vez que se habló de “inhabilidad moral” en el Congreso nacional fue en 2022 tras un proyecto que presentaron diputadas del Frente de Todos (FdT) para excluir del cuerpo a Gerardo Milman del PRO, según lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional, a partir de su supuesta vinculación con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa había girado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la cual encabezaba en ese momento la kirchnerista Paula Penacca.