El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se procederá debido a incompatibilidades con los requisitos solicitados.
Manuel Adorni, vocero presidencial, informó que el Gobierno eliminará 60.000 pensiones de Anses porque no cumplen con los requisitos solicitados y detectaron incompatibilidades.
Las incompatibilidades fueron encontradas tras una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La auditoría reveló una “actividad fraudulenta a gran escala” con un desvío de fondos estimado en 3.400 millones de dólares solo en el último año. La investigación fue liderada por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo.
Durante el período de gobiernos entre 2003 y 2015, el número de pensiones no contributivas por invalidez laboral aumentó de 79.000 a 1.000.045. A diciembre de 2023, el total alcanzó los 1.222.000 beneficiarios, una cifra “estratosférica que ni siquiera corresponde a países afectados por guerras o catástrofes naturales”, dijo Adorni.
Entre las irregularidades encontradas, Adorni precisó que la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires cuenta con 683 empleados que reciben una pensión por invalidez, de las cuales “el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”.
Este viernes, el Gobierno anunció que dará de baja a 60.000 pensiones debido a incompatibilidades con los requisitos establecidos. Manuel Adorni, vocero presidencial, señaló que estas irregularidades incluyen la posesión de varios autos, propiedades, bienes fuera del país, embarcaciones e incluso aviones privados por parte de algunos beneficiarios.
Adorni agregó que: «a cada persona a la que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez también se le proporcionó el servicio de obra social Incluir Salud, lo que representó una transferencia promedio de 1.5 millones de pesos por afiliado desde el gobierno nacional».
“Las pensiones por discapacidad deben estar destinadas exclusivamente a quienes realmente necesitan esta prestación debido a una discapacidad que les impide trabajar, y no convertirse en un gran negocio o en una caja de recursos”, aseveró Adorni.
Y alertó además que cada pensión otorgada de manera fraudulenta será denunciada penalmente. “La Argentina de la avivada, que es corrupción con el dinero de los contribuyentes, se terminó bajo la administración del presidente Milei”, finalizó.