El Gobierno oficializó la baja del Decreto 715/2004 firmado durante la presidencia de Néstor Kirchner. Se aguarda la reacción de los organismos de derechos humanos.
El Gobierno de Javier Milei oficializó la derogación del Decreto 715/2004, que había establecido la «Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado».
Esta Unidad, fue creada en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como objetivo asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El decreto de Milei fundamenta que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
Específicamente, se señala que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.
El Gobierno argumentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.
Asimismo, se destacó que la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales.
El decreto