La vicepresidenta convocó a una jornada homenaje, mientras continúa la investigación a diputados libertarios por su visita a represores y gonocidas de la última dictadura.
Victoria Villarruel realizó un acto en el marco del Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo, en el Salón Azul del Senado de la Nación. El evento, llevado a cabo este martes, se dió en medio de las vinculaciones de funcionarios del oficialismo con condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
Un centenar de personas se convocaron en el ingreso del Senado de la Nación. La organización que implicaron sus ingresos y el protocolo de seguridad demoraron el inicio del homenaje, que en sus primeros minutos emitió un video en el cual enumeraron ataques armados en los años previos a 1976, que precedió a los discursos de los familiares de las víctimas. Además se citaron a víctimas del atentado contra la AMIA: se calificaron a ambos actos y contextos como terroristas.
La vicepresidenta concluyó la ceremonia con un discurso en donde admitió lo siguiente: “Asumí el compromiso por la memoria completa desde los 28 años. […] Esta ha sido la lucha más importante de mi vida”. Luego, prometió continuar el proceso: “Esto es un logro inmenso que es una parte más del largo camino hacia la justicia, la verdad y la reparación”.
Su más importante anuncio se relacionó con “la reapertura de todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga la que debió hacer hace más de 20 años”. “Para que Argentina pueda vivir su aurora y su renacer todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación”, concluyó, sin precisar cómo desde el Ejecutivo reabrirían causas que -al no ser de lesa humanidad- se encontrarían prescriptas.
Además, Villarruel recordó las dificultades que tuvo levantar esta bandera desde el 2003: “Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner. Fuimos unos pequeños David frente a los Goliath que tenían todo el poder estatal para garantizarse impunidad, reescribir nuestra historia y enriquecerse los bolsillos con el dolor de todos los argentinos”. Al finalizar su discurso, permaneció en el recinto saludando a los presentes.
La convocatoria de la Vicepresidenta se da en medio de en un delicado momento respecto a los discursos y las reivindicaciones sobre la violencia en la década del ’70. En la Cámara de Diputados, se inició una investigación sobre la visita de seis legisladores de La Libertad Avanza a represores condenados. Sobre el hecho, tanto el presidente Javier Milei como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich coincidieron en la misma frase: “No es mi agenda”.
Durante la jornada en el Senado estuvieron presentes invitados especiales: el exministro de DDHH Claudio Avruj, la excandidata a vicepresidenta Cynthia Hotton, el presidente de la DAIA Jorge Knoblovits, el funcionario de Inteligencia Juan Bautista Yofre, el intendente de Chivilcoy (quien rechazó ser candidato gubernamental de Milei) Guillermo Britos, el ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff y múltiples directivos de la AMIA.
Investigan plan del Gobierno para que represores condenados consigan diversos beneficios
La visita de diputados de La Libertad Avanza a militares presos en la cárcel de Ezeiza, desataron una interna libertaria, donde finalmente se dio la salida de la legisladora del bloque de la LLA, Lourdes Arrieta. La legisladora fue una de las que viajó a la cárcel de Ezeiza y se tomó una foto con los detenidos. En los últimos días, publicó en sus redes sociales críticas contra sus compañeros de bancada, a los que acusa de diseñar proyectos de ley para lograr beneficios procesales para los represores condenados.
Entres los documentos se encontraban proyectos de ley y decretos reglamentarios WhatsApp “para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”, según destacó la propia Arrieta. En su redacción se explicita el objetivo de garantizar liberad condicional o domiciliaria a detenidos cuyo proceso de detención haya superado un cuarto de siglo: “Se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal”.
La diputada manifestó además que Beltrán Benedit y Alida Ferreyra eran los dos legisladores más activos en la iniciativa, que habían tenido reuniones previas con los detenidos por delitos de lesa humanidad, que sostenían conversaciones con el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y que todos los proyectos se realizaban ante el desconocimiento de Javier Milei.