Desde el viernes pasado, en secreto, el Gobierno Nacional comenzó una investigación, basada en datos concretos, para detectar un importante flujo de dinero que usó las redes financieras para transferir fondos provenientes de posibles agentes del terrorismo islámico.
La Unidad de Información Financiera (UIF), recibió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de una aplicación de billetera virtual, una compañía de seguros y de otros bancos que informaron que dos personas que aparecen como presuntos terroristas en el llamado Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) habían utilizado el sistema financiero nacional para mover fondos destinados a objetivos del terrorismo islámico.
Esos dos sujetos habían pasado a formar parte del listado de potenciales terroristas el 27 de agosto pasado. La UIF determinó que esos movimientos sospechosos tenían sustento suficiente para tomar una primera medida extrema de otras que se darán en las próximas horas.
Los dos apuntados por haber movilizado la plata presuntamente ilegal según el análisis de la ONU, de la Casa Blanca y de agencias de Inteligencia de potencias extranjeras, son un ciudadano argentino, que se identificará con las iniciales de su nombre y apellido, MAFU, oriundo de Córdoba; mientras que el otro nació en Siria, y está acusado por los Estados Unidos de ser uno de los más importantes financistas de la agrupación Hezbollah, el brazo armado que responde al régimen teocrática de la República de Irán, encargado de exportar la revolución del terror a todas partes del mundo.
Su nombre es Tawfiq Muhammad Sa is AL-WAL. Fue el Departamento del Tesoro de EEUU el que sancionó a nivel mundial a éste hombre luego de determinar que fue el responsable de suministrar material, o apoyo económico, y hasta tecnológico, y bienes o servicios a las Fuerzas Al Quds, la organización que preparaba atentados en diferentes ciudades de la tierra por encargado de Irán, y utilizando siempre a Hezbollah para sus operaciones en el terreno.
AL-WAL utilizaría una red de empresas, y hasta barcos de importante porte, para enviar el material desde Irán a puertos de Occidente para desplegar el terror en cuando sus jefes definan dónde y cuándo atacar a las democracias enemigas de Teherán. Argentina, bajo el gobierno de Milei, es uno de losm potenciales objetivos.
AL-WAL, siempre de acuerdo a la información de los Estados Unidos, tiene varios socios internacionales, y su influencia “empresaria” se extiende en naciones como Kuwai, India, Siria, Líbano y China. El Departamento del Tesoro bautizó a AL LAW como “el cambiador de dinero sirio con sede en el Líbano”, y agrega que realizó transferencias en criptomonedas a través de firmas comerciales sancionadas debido a que son propiedad de Hezbollah y sus jefes.
El argentino involucrado en posibles transferencias de dinero generado para alimentar el terrorismo islámico extremo podría identificarse con una nueva agrupación considerada terrorista por la Argentina, Hamas.
Una vez que AL-LAW y el argentino identificado por las siglas de su nombre y apellido, MAFU (por cuestiones de seguridad y debido a que hay procesos judiciales en marcha no se difundirá su identidad real), pasaron a integrar la lista de “RePET” en la Argentina, se generó ruido entre las autoridades. Ocurre que varios profesionales, y también las empresas, consideradas por Ley como “sujetos obligados” a denunciar maniobras de dinero de posibles terroristas, elevaron rápidamente información sobre los dos sospechosos antes mencionados. Como se indicó, financieras virtuales, bancos tradicionales y hasta una aseguradora elevaron a la UIF varias transferencias sospechosas que figuraban en sus archivos identificadas con el enigmático cordobés MAFU, y aun más intrigante todavía, con el sirio AL-LAW.
En una “Notificación Masiva”, que no fue confidencial, pero que sí tiene un adjunto que se reserva solo para que sea leído por los investigadores autorizados a conocer información clasificada de ese estilo, la UIF ordenó a todas las entidades que se disponga “el congelamiento administrativo de bienes y/o dinero”, por el término de seis meses, “respecto a los Sres MAFU (de nuevo, solo se trata de las siglas de su nombre y apellido) y de Tawiq Muhammad Sa id Al-LAW”.
La resolución, leída y difundida a una diversidad importante compañías, tendría un apartado “secreto” que solo podría ser leído por los magistrados que se pongan a cargo de la investigación.
“La verdad es que se trató de una medida de la UIF casi única en su tipo. Que se haya ordenado de modo tan rápido el congelamiento de posibles bienes de los dos integrantes de las listas de terrorismo ha pasado muy poco, casi nunca”, señaló uno de los especialistas consultados para esta nota.
El acusado de usar una red financiera para ayudar a alimentar las arcas del terrorismo internacional, oriundo de Córdoba, ya estaría bajo investigación judicial de esa provincia.
Otra de las fuentes que ayudaron a develar esta trama alertó que suele haber casos de ciudadanos de diferentes partes del mundo que son “utilizados” sin que ellos sepan por las redes del terrorismo, quienes se adueñan de sus cuentas o billeteras electrónicas para transferir fondo multimillonarios de origen ilegal, siempre con el objetivo de generar atentados, o posibles atentados, en casos extremos, o para ayudar a instalar empresas “pantalla” que son finalmente herramientas del islamismo radicalizado y capaz de matar con tal de extender el terror.
El argentino que fue apuntado por la UIF, siempre con ayuda de agencias del extranjero, trabajaría en una entidad educativa.
¿Por qué Hezbollah, o Hamas, podrían haber usado las entidades financieras de la Argentina para mover su dinero tan vigilado por las grandes potencias de Occidente, y también Israel, entre otras?
Es una respuesta que aun no tiene respuesta.
Desde que Javier Milei dio un giro en la diplomacia nacional, alineándose con los Estados Unidos, Israel y Ucrania, por caso, tanto los referentes mundiales de Irán, como de Hamás y Hezbollah emitieron mensajes intimidades afirmando que tomarán represalias contra nuestro país.
Hasta el momento, el informe de la UIF no detectó que el flujo de fondos denunciado vía ROS por las firmas de las finanzas antes mencionadas podría haber tenido el peor destino, el de financiar un atentado.
El Gobierno Nacional entró en alerta. Al menos Hezbollah (no hay información fehaciente sobre un escenario similar sobre Hamás), opera en la Argentina, con espesor variable, desde inicios de los ’80, cuando, de modo lento, pero firme, expandió con paciencia y dedicación a sus diferentes “cuadros” operativos, de Inteligencia, de la política y de la diplomacia, hasta alcanzar su éxito de muerte y terror, zozobra nacional, cuando logró penetrar la seguridad nacional para volar con explosivos, primero, la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y luego culminar ese raid abominable con la explosión coche bomba de la sede porteña de la AMIA.
La UIF y la Justicia actúan ahora para intentar prevenir que nada malo pase no solo en la Argentina, si no también en otras ciudades del extranjero a la que se habría podido girar los millones del cordobés señalado como posible terrorista, y del autoidentificado como terrorista AL LAW.