La Agencia Nacional de Discapacidad –ANDIS- a cargo de Diego Spagnuolo, llevó a cabo una auditoría interna sobre las pensiones por invalidez laboral.
Paula Martínez, dirigió la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la presidencia de Alberto Fernández.
Fue responsable de los “enfoques territoriales”, donde se otorgaban pensiones a personas sin la debida verificación, incluidos individuos fallecidos y aquellos con riqueza significativa, personas en viejes por el exterior y un sinfin de situaciones insólitas y bizarras.
Martínez está bajo investigación por presuntas irregularidades en el manejo de pensiones de invalidez.
El número de pensiones se incrementó significativamente durante su mandato, pasando de 1.026.093 a 1.215.548.
Se flexibilizaron los requisitos para obtener una pensión, permitiéndose la autopercepción de invalidez y eliminando la necesidad de certificado médico en algunos casos.
El nombramiento de Martínez al frente de la ANDIS generó dudas debido a su falta de experiencia en el campo. Mientras que el programa de «enfoques territoriales» ha sido criticado por su falta de transparencia y su potencial abuso.
En agosto de este año, el gobierno nacional, por medio de la Agencia Nacional de Discapacidad, realizó una auditoría de las pensiones por invalidez laboral en los distritos de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Salta. Se encontraron irregularidades escandalosas en la entrega de Pensiones por Invalidez Laboral.
De acuerdo al informe, “los primeros resultados de las auditorías de pensiones por invalidez laboral están revelando inconsistencias alarmantes en el otorgamiento de las mismas durante gestiones anteriores”.
El informe que supervisó Spagnuolo da cuenta que “la falta de localización de un alto porcentaje de pensionados y de casos con numerosas incompatibilidades son las principales pruebas del fraude que representaría un desvío de fondos estimados entre $1200 y $2000 millones de dólares al año”.
Se auditaron 29 mil pensionados en CABA y 300.000 en provincia de Buenos Aires. Además se investigaron 175 mil pensiones en Chaco, Jujuy y Salta.
Los resultados de la primera etapa en CABA son alarmantes: de los 10.000 beneficiarios contactados, un 67% no pudo ser localizado en los domicilios indicados, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.
La gestión actual de la Agencia Nacional de Discapacidad, liderada por Diego Spagnuolo, señala que por la oficina de Martínez pasaban los cuestionados documentos de los flamantes pensionados, entre ellos, personas que ya habían fallecido, dueños de yates, barcos, autos de lujo, aviones privados y hasta un beneficiario que tenía 18 automóviles registrados en provincia de Buenos Aires. Supuestamente, el pensionado debía tener ingresos que no superasen la canasta básica.
Martínez era la encargada de los “abordajes territoriales”, una especie de “plan platita” de la discapacidad en la que se iba a buscar a los “pensionados” por pueblos y provincias.