El lunes por la noche, estudiantes de las facultades de Psicología y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) tomaron las sedes de ambos establecimientos, manifestando su total rechazo al veto de la ley de financiamiento de las universidades que firmó el presidente Javier Milei.
La medida de fuerza se mantendrá hasta el miércoles, fecha en la que el Congreso debatirá en sesión especial la decisión tomada por el presidente, que se oficializó el pasado jueves, al día siguiente de la marcha universitaria.
“Informamos a la comunidad que, a partir de lo resuelto en la multitudinaria asamblea estudiantil del día de hoy, la Facultad se encuentra tomada por les estudiantes con motivo del veto a la Ley de Financiamiento Universitario”, señalaron al respecto en la cuenta oficial de X de la Facultad de Filosofía y Letras.
Y agregaron: “La preocupante situación de las Universidades Nacionales nos reafirma en nuestra exigencia a los diputados y diputadas: la ratificación de dicha Ley en el Congreso de la Nación, en la sesión del próximo miércoles 9 de octubre”.
“Las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras permaneceremos atentas al cuidado del patrimonio de la sede Puan y al resguardo de les docentes, no docentes y estudiantes”, afirmaron e indicaron que durante este martes se realizarán “clases públicas abiertas” y “se garantizará que aquellas materias que necesiten dictarse en espacios específicos puedan acceder a un aula”.
La medida de fuerza tomada por los estudiantes se da en respuesta al veto de la ley de financiamiento universitario que la Cámara Alta aprobó el pasado 12 de septiembre con el apoyo de senadores de la UCR, kirchneristas, los bloques federales y los senadores del PRO Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri.
Milei señaló desde un principio que lo vetaría dado que la iniciativa afectaría el equilibrio fiscal y luego oficializó su decisión el jueves 3 de octubre, un día después de que los estudiantes marcharan contra el Gobierno y a favor de la educación universitaria, pidiéndole a los diputados y senadores para que este miércoles, en sesión especial, se mantenga la aprobación alcanzada en septiembre.
La ley aprobada determina una actualización del presupuesto basada en la inflación del año pasado, según la medición del INDEC, y una indexación bimestral con un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.
El mismo proyecto propone además una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, de forma subsidiaria a la paritaria colectiva. De esta manera, la ley cuenta con un impacto fiscal de $ 738.595 millones, lo que equivale a un 0,14% del PBI.
Sin embargo, a través del decreto 879/2024 se argumentó que “el proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.