El juez federal Sebastián Casanello rechazó la nulidad de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan que postuló el sobreseimiento de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por lavado de activos conocida como la «ruta del dinero K».
El magistrado resolvió «no hacer lugar» al planteo de nulidad que presentó la Asociación Civil «Bases», aceptada como querellante en la causa por decisión de la Cámara Federal porteña, superior de Casanello.
El juez además recordó que en la actualidad esta querella particular es la única impulsora de la investigación penal ya que el fiscal «en tanto titular de la acción pública, ha dejado de ser acusador».
Esto es así porque Marijuan ratificó que la ex vicepresidenta debe ser sobreseída en esta investigación por falta de pruebas que la vinculen a las maniobras de lavado de activos adjudicadas a Lázaro Báez con dinero obtenido de manera ilegal de la obra pública nacional que obtuvo durante el kirchnerismo.
«No estamos frente a cuestiones de validez sino frente a diferencias sobre el mérito de la prueba, lo que remite a un ámbito de discusión absolutamente distinto», argumentó el juez.
En la resolución señaló: «Sincerar esta cuestión, claro está, supone admitir que el Ministerio Público Fiscal, en tanto titular de la acción pública, ha dejado de ser acusador. Es decir, la presente se ha convertido en una causa impulsada exclusivamente por una querella autónoma».
«Si bien esto no sería una rareza, sí es absolutamente inédito que ocurra en las condiciones actuales del expediente», iniciado hace más de diez años.
Casanello destacó: «Lo hecho hecho está. A partir de aquí resta el deber constitucional de la magistratura de asumir su rol de guardián de la legalidad y observar un comportamiento racional».
En esa línea subrayó que «el dictamen cuestionado se encuentra debidamente fundado y exhibe una conclusión que dio paso a un requerimiento específicamente motivado».
Marijuan «expuso su postura en este proceso respecto a la responsabilidad penal de la imputada, en ejercicio de la acción penal pública, facultad exclusivamente conferida a ese Ministerio» y lo hizo «a través de una derivación razonada del derecho vigente a la luz de las constancias de la causa, que en concreto y de manera coherente referenció», finalizó el juez.
La ex vicepresidenta sigue imputada en la causa y se realizan medidas de prueba indicadas por la Cámara Federal, que revocó el sobreseimiento postulado por la fiscalía.