Un nuevo decreto presidencial, alineado con las políticas del gobierno de Javier Milei, trataría de eliminar el reconocimiento de las identidades no binarias en los documentos argentinos, es decir, personas que no se autoperciben con los géneros femenino ni masculino.
Esta medida se suma a la prohibición del lenguaje inclusivo y al desfinanciamiento de programas de salud reproductiva y posiciona a Argentina como un país, cada vez más restrictivo en materia de derechos humanos.
El DNI no binario es un derecho consagrado por la Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada en mayo de 2012 e implementada desde 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández.
De acuerdo a los últimos datos disponibles, en la Argentina existen 8.293 personas que se autoperciben como no binarias, de las cuales unas 1.500 solicitaron el cambio de su documento.
Entre los derechos que establece la Ley 26.743 se encuentran:
- Inscribirse en los documentos personales con el nombre y género de elección
- Acceder a tratamientos de salud para adecuar el cuerpo a la identidad de género
- Ser tratada de acuerdo con su identidad de género
- Que su nombre de pila adoptado se utilice en cualquier gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.