El gobierno conducido por Javier Milei oficializó este lunes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), a través del Decreto 3/2025, publicado en el Boletín Oficial.
En reemplazo de la AGP, se creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía. Este organismo asumirá la concesión temporal de la hidrovía hasta la adjudicación definitiva del contrato, para luego únicamente encargarse de la fiscalización y el control del proyecto.
El decreto publicado en el Boletín Oficial nombró a Iñaki Miguel Arreseygor, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, como director ejecutivo de la ANPYN, con rango de Secretario de Estado.
El Gobierno justificó la medida argumentando que la AGP había incrementado su estructura administrativa y personal más allá de sus competencias. Esta decisión se enmarca en la política del Decreto 70/23, que derogó la Ley 20.705 de Sociedades del Estado y ordenó transformar estas entidades en Sociedades Anónimas sin prerrogativas públicas.
La disolución ocurre en un momento crítico para el comercio exterior argentino, mientras avanza la licitación internacional para el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, un proyecto valorado en 9.000 millones de dólares. Este corredor fluvial conecta a cinco países de América del Sur y es clave para la exportación de productos agrícolas y bienes industriales.
El proceso de licitación ha generado gran competencia entre empresas internacionales, excluyendo a compañías estatales como la china Shanghai Dredging Co. por las restricciones impuestas en el artículo 16° de la resolución. Entre los principales contendientes destacan Jan de Nul (actual operadora), DEME Group y Boskallis, empresas europeas reconocidas por su experiencia en grandes obras de dragado.
La disolución de la AGP se da en línea con otras decisiones similares, como la liquidación de Trenes Argentinos Capital Humano en 2024. Estas medidas buscan reducir la participación estatal en áreas consideradas no esenciales y optimizar recursos mediante la reestructuración de organismos públicos.