Mientras los despidos en el sector de reposición externa se multiplican sin cobertura ni paritaria cerrada, el gobierno nacional avanza con decretos que buscan anular el derecho a huelga. El combo perfecto para dejar al trabajador sin trabajo y sin voz.
El ajuste que prometía ser “sin privilegios” está golpeando donde siempre: abajo. El Sindicato del Personal de Reposición Externa (SI.P.R.E.) denunció esta semana el creciente número de despidos y sanciones arbitrarias que vienen afectando a trabajadores y trabajadoras del sector en Villa Gesell, el Partido de La Costa y otras ciudades de la costa atlántica.
Luis Sánchez, referente sindical del SI.P.R.E. en Villa Gesell y el Partido de La Costa, alertó: “Están aprovechando el contexto nacional para avanzar sobre derechos laborales básicos. Los despidos son silenciosos, sin explicación, y en muchos casos sin indemnización. Lo que se está perdiendo no es solo empleo, es dignidad.”
Lejos de ser despidos masivos visibles, el gremio advierte que se trata de una modalidad “por goteo”: desvinculaciones silenciosas, iniciadas muchas veces con sumarios internos o acusaciones de incumplimiento para evitar pagar indemnizaciones. “Se juega con la necesidad de la gente. Prefieren un juicio largo o un acuerdo por dos mangos antes que reconocer derechos básicos”, expresó Pedro Montenegro, jerárquico fuera de convenio y referente del sector.
El comunicado difundido por el sindicato es claro: hay familias enteras dependiendo de estos empleos, con salarios por debajo del umbral de pobreza y en muchos casos sin obra social ni estabilidad. Mientras tanto, la paritaria de Comercio sigue sin homologarse, frenada por el gobierno nacional por superar el 1% mensual, como si el problema fuera cobrar de más y no de menos.
¿El objetivo? Un país con trabajadores mudos y empresas impunes
Mientras los grandes empresarios festejan balances, el repositor que camina góndolas por $400 la hora es echado con un WhatsApp y en silencio, porque ahora también puede ser ilegal defenderse.
Desde el SI.P.R.E. exigen el cese inmediato de despidos y sanciones, paritarias sin techo, y reconocimiento pleno del rol sindical. Llaman al estado de alerta, pero saben que están acorralados entre el ajuste empresarial y el cerrojo estatal.