Los bloques de diputados nacionales de Democracia para Siempre y del Frente de Izquierda presentaron hoy proyectos de resolución en repudio a las recientes declaraciones “injerencistas” del candidato de Donald Trump a embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, y le exigieron al presidente Javier Milei para que rechace el placet del funcionario norteamericano.
En la audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense, el diplomático adelantó que en su rol de embajador hará todo lo que esté a su alcance para desalentar las inversiones chinas en las provincias argentinas, además de garantizar que Cristina Kirchner siga presa y proscrita, y que Milei pueda reelegir en su cargo.
Ayer, Unión por la Patria y, por separado, los diputados socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron proyectos de resolución para declarar a Lamelas persona no grata en el territorio nacional.
Este jueves se sumaron otros dos proyectos en el mismo sentido, por los que acusan al candidato a embajador de violar el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados y de querer manipular al Poder Judicial argentino.
En el escrito presentado por Democracia para Siempre, el bloque del radicalismo díscolo encabezado por Pablo Juliano, se insta al Poder Ejecutivo nacional a “evaluar la concesión del pertinente plácet y la aprobación de las cartas credenciales que se presenten oportunamente si el Sr. Peter Lamelas no rectifica sus declaraciones y pide disculpas al pueblo de la nación Argentina”.
Fundamentan sus argumentos en que los dichos del representante norteamericano “violan el deber de otros Estados a no inmiscuirse, directa ni indirectamente, en los asuntos internos ni externos de nuestro país con el propósito subordinar el ejercicio de nuestros derechos soberanos”.
De sus palabras además se desprende una intención explícita de interferir en las relaciones diplomáticas y económicas con la República Popular China, con el objetivo de reducir las inversiones del gigante asiático en el país, así como de garantizar que la ex presidenta Cristina Kirchner continúe presa, en lo que podría interpretarse como una pretensión de condicionar al Poder Judicial argentino.
“En ningún tratado de Derecho Internacional Público ni en la ley 20957 de Servicio Exterior de la Nación Argentina le otorga potestades para tener dentro de las facultades de su misión diplomática tener como objetivos en nuestro país los de ‘limitar la influencia maligna de China’, y ‘apoyar a Milei’ para que gane las elecciones de medio término y pueda ser reelecto”, destacaron.
“En las democracias representativas, como la nuestra, las decisiones las toman quienes han sido elegidos para ello y no fuerzas externas, caso contrario se estaría desmantelando la institucionalidad nacional y ponen en duda los fundamentos constitucionales del sistema federal argentino”, añadieron.
Según Democracia para Siempre, “un embajador no debería nunca condicionar las relaciones bilaterales entre las provincias de Argentina ni pronunciar opiniones sobre nuestra soberanía”.
Nos parece oportuno recordarle al Sr. Lamelas y a nuestro Presidente que no estamos en la Guerra Fría, no existen ya las zonas de influencia y nuestro país no es un país satélite de nadie, es un país autónomo, que toma sus propias decisiones», apuntaron.
Y consideraron que “la guerra comercial que se está desarrollando entre Estados Unidos y China, nos debe tener de espectadores, no tenemos motivo alguno para entrometernos ni para perjudicar futuras relaciones con ambos países, necesitamos tener buenos vínculos con ambos”.
Al mismo tiempo recordaron que Lamelas no reconoce la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, ya que tiempo atrás había dicho que Estados Unidos “no reconoce la soberanía sobre las Islas ni de la Argentina ni de Gran Bretaña”, manifestaron.
“En el caso de que el Presidente apruebe las credenciales que oportunamente remita los Estados Unidos de Norteamérica será una prueba concreta de que estos embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país cuentan con el aval y la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional”, alertaron.
Y subrayaron que “un emisario diplomático no puede actuar como si estuviera supervisando las políticas soberanas del país que lo recibe” ya que eso supondría “una grave infracción al derecho internacional y una afrenta a nuestra dignidad nacional”.