Así lo definió el fiscal Ramiro González en un escrito presentado este miércoles. Solicitó además la declaración testimonial de seis personas y otras nueve medidas de prueba.
El fiscal federal Ramiro González decidió imputarle a Alberto Fernández los cargos de lesiones leves y graves doblemente agravadas por el vínculo y por el abuso de la autoridad presidencial sumado a amenazas coactivas en el marco de las denuncias efectuadas por Fabiola Yañez.
La decisión, tomada este miércoles, es el primer paso para avanzar con una serie de medidas de pruebas que marcarán el ritmo que adquiera la causa. Asimismo, el fiscal pidió la citación a declaración testimonial de seis personas. Se trata de Miriam Yañez Verdugo (madre de Fabiola), Daniel Rodríguez (quien fuera el intendente de la Quinta de Olivos durante la gestión anterior), Sofía Pacchi (se hizo conocido por ingresar a la residencia oficial durante la cuarentena y se dijo que era amiga de Fabiola), Federico Saavedra (el titular de la Unidad Médica Presidencial), María Cantero (exsecretaria de Alberto) y Alicia Barrios (periodista nombrada por la víctima como una persona que estaba al tanto de su situación).
González además solicitó nueve medidas de prueba. Lo que decidió esperar es en la indagatoria de Alberto Fernández, que se espera que sea la instancia judicial siguiente.
La primera prueba apunta a conocer todo lo que sucedió en la residencia oficial en el período que se investiga. El fiscal solicitó los videos de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos correspondientes a los meses que van de abril a agosto de 2021 y los de julio de 2023, y, pensando en nuevas revelaciones que pudieran surgir, preservar todos los registros fílmicos de la gestión de Alberto Fernández. Además, solicitó los registros de ingreso del doctor Saavedra o cualquier otro integrante de la unidad médica, y toda la nómina de personal doméstico que cumplía funciones en el chalet presidencial y la casa de huéspedes entre 2021 y 2023.
Otras tres medidas tienen que ver con la salud de Fabiola y su atención. Por un lado, se solicita a la Unidad Médica Presidencial todas las constancias de atención de la entonces primera dama durante los cuatro años con ese rol. Y además que el Sanatorio Otamendi, Sanar y la Clínica Fertilis remitan la historia clínica de Fabiola de los años 2016 y 2017. Finalizando se libra un oficio pidiendo información a Ineco (el instituto de neurología que lidera Facundo Manes) sobre la atención que le realizaron en ese mismos años y cuáles fueron los profesionales que la atendieron.
Además, la fiscalía busca los datos del personal de la Casa Militar que acompañó a Fabiola Yañez en un viaje que llevó a cabo durante julio de 2021 a Misiones. Solicita también a la Dovic (Dirección de Orientación, acompañamiento y protección a Víctimas) que mantenga el apoyo a la denunciante y que realice un informe sobre el estado de salud.
El fiscal Ramiro González, por otra parte, pide al juez Julián Ercolini otras medidas. La primera está referida a las líneas telefónicas que correspondieron a Fabiola, solicita las llamadas salientes y entrantes de cada una. Una línea la tuvo hasta diciembre de 2019 y la otra durante toda la gestión de Alberto presidente.
Para la fiscalía, la violencia se dio sobre una «relación asimétrica y desigual» que se acrecentó cuando Alberto llegó a la Presidencia.
Otra intención del magistrado es hacer una inspección ocular en la Quinta de Olivos. Así lo hace saber González al indicar que «con el objeto de conocer uno de los lugares donde se habrían desarrollado los hechos que motivaron el inicio de la presente pesquisa, lo cual resultaría beneficioso para contextualizar los acontecimientos y describir adecuadamente las locaciones de tales sucesos, estimo pertinente solicitarle a V.S. arbitre los medios pertinentes a efectos de que disponga una inspección judicial de la quinta de Olivos, sus adyacencias y anexos».
En el escrito de 16 páginas firmado por González y su prosecretario letrado, Santiago Schiopetto, queda en claro la «asimetría» con la que habría actuado Alberto Fernández. Según argumentan, el relato de Fabiola «revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo».
En orden cronológico, el fiscal enumero en total nueve hechos que considera relevantes para sustentar la imputación contra el expresidente. Van desde la obligación a Fabiola para hacerse un aborto en 2016 hasta los llamados y mensajes amenazantes que recibió de Alberto y de terceros en las últimas semanas, inclusive uno que decía que su ex pareja había muerto.