Desde hace un par de meses se viene observando en diferentes medios periodísticos variadas publicaciones sobre la depredación de peces en el primer kilómetro y medio al sur de la pared de la represa de Salto Grande.
Una pesca que se está practicando de modo artesanal o deportivo, pero con hasta medio centenar de embarcaciones al mismo tiempo, y una pesca comercial con mallones y trasmallos, lo cual no solo es mucho más grave, sino que siempre estuvo prohibido. Ésto es resultado de haber quedado liberado el sector luego de la muerte de quien estaba a cargo de la explotación, como ocurrió siempre, y no ser reemplazado.
Como es de público conocimiento, en la laguna formada a partir de la represa Salto Grande se produce una importante concentración de peces de múltiples especies. En el afán de proteger esa diversidad, a ambos lados de la frontera se ha definido dentro de los primeros mil metros aguas abajo una zona exclusiva de pesca deportiva con devolución, restringida a un número determinado de embarcaciones.
Desde hace unos 15 años atrás, la explotación de esa zona ha sido licitada, y quienes ganaron su operación siempre se ocuparon de controlar que nadie ingresara, ni, mucho menos, se abusara de la diversidad allí concentrada. Este control fue posible gracias a que la represa contaba, y cuenta, con una importante iluminación, sensores y cámaras de vigilancia, y, también, gracias a que el privado operador de la explotación es el primer interesado en la sustentabilidad del recurso, y es quien se asegura de que nadie ingrese a esa área protegida.
Desafortunadamente, el concesionario falleció en enero de este año, nadie ha ocupado su lugar, y hoy, según los relatos de los lugareños, a todos les preocupa que la zona se haya convertido en tierra de nadie. Tan alarmante es la situación que, sin pudor alguno, las lanchas con pescadores se amontonan de día, mientras que, por la noche, se ve como embarcaciones levantan las redes con enorme cantidad de especies, para luego entregarlas a un conocido acopiador uruguayo de aquel lado del río, en el departamento Salto, y a uno argentino de éste lado, en la desembocadura del Arroyo Ayuí Grande, a la altura del emprendimiento La Tortuga Alegre.
Tal es el grado de la depredación que está sufriendo el recurso en esa zona que, del lado uruguayo, ya denunciaron una importante merma en la cantidad y variedad de los cardúmenes. Del mismo modo, de los testimonios también surge que todo ésto ocurre con total desfachatez e impunidad frente a los ojos de la Prefectura Naval Argentina, de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Provincia, y de las autoridades de Salto Grande.
Ahora bien, lo que más llama la atención tanto de los actores turísticos, como de otros prestadores, guías y lugareños, quienes viven de la actividad turística y se ven afectados por esta situación, es que hubo una licitación de la que participaron tres propuestas, las cuales ofrecieron proyectos de control pesquero, pesca con devolución, cánones importantes, y todas contaron con la aprobación ambiental de parte de los especialistas de la CARU, pero, extrañamente, por algún motivo o interés, hace un año que está cajoneada por la actual gestión provincial.
Dicho de otra forma, el Gobierno Provincial, sin querer o queriendo, está permitiendo la exterminación de toda la diversidad ictícola del lago Salto Grande, mientras que todos coinciden en que si se resolviera esa licitación, la depredación se terminaría rápidamente.